Sacaron a San Blas, junto a la pancarta, que sujetaban la alcaldesa y los portavoces del PP y el Grupo Independiente
29.11.10 - 01:52 -
ALEXIA SALAS | SAN JAVIER./ La Verdad
Por qué la pescadería sí y otros, no. Más de 200 vecinos se sumaron ayer a la protesta por el derribo, anunciado por Costas, de la pescadería de Miguel, una de las dos lonjas de la playa de La Ribera. Pero muchos de ellos dirigieron su indignación a lo que consideran un distinto rasero para decidir quién puede ocupar, o no, el dominio público marítimo terrestre.
A la cabeza de la manifestación, la alcaldesa de San Javier, Pepa García, el teniente alcalde, José Ángel Noguera, y los portavoces del PP, Juan Martínez Pastor, y del Grupo Independiente, Arancha Espeso. Todos hicieron piña con el dueño de la lonja, Miguel Ángel Sánchez, quien agradeció el apoyo masivo de los vecinos y denunció «que en La Ribera nos van a quitar hasta la cruz de Santiago».
Representantes políticos y vecinos portaron la pancarta con el lema 'En defensa del patrimonio histórico de La Ribera', que realizó la asociación de comerciantes La Ribera Centro Abierto.
Algunos asistentes no ocultaron su disgusto por la actitud permisiva que Costas ha mantenido con los barcos que invaden la playa de La Ribera, amarrados de forma descontrolada a un trozo de cemento soltado en el fondo de la laguna para evitar el pago de un punto de amarre. «Tendrán que quitar también el Club Náutico, el Club de Suboficiales y los barcos», criticaba enojado un vecino junto a la pancarta que encabezó la manifestación pacífica por la explanada Barnuevo. «No al derribo, no al derribo», corearon los vecinos en un corto recorrido por el paseo marítimo, ante la mirada de los turistas que ocupaban las terrazas.
Para sumar fuerzas, los parroquianos sacaron la imagen de San Blas con la esperanza de que sus dotes milagrosas frenen la amenaza que pesa sobre la lonja. Por su parte, el abogado del propietario, Juan García, confía más en el recurso judicial para evitar la desaparición de la pescadería playera. «A final de semana esperamos que la Audiencia Nacional paralice el auto que otorgaba la facultad a la Administración para entrar en la lonja, aunque no suponía una orden», explicó ayer el representante legal del dueño.
Con esa posible nueva autorización, el negocio podría obtener unos tres o cuatro años más de permiso para funcionar sobre la franja de dominio público.
De ser así, el abogado explica que Costas tendría que reintegrar al empresario los gastos ocasionados por el desalojo y los perjuicios económicos ocasionados.
Para García, «la Administración ha actuado con nocturnidad» en el asunto de la lonja. Juan García pidió ayer a la alcaldesa, Pepa García, y a los representantes de la oposición que busquen una solución de continuidad para la lonja.
Una moción al Pleno
Por su parte, la portavoz del Grupo Independiente, Arancha Espeso, anunció que planteará en el próximo Pleno una moción y pedirá el apoyo del resto de grupos políticos para que el Ayuntamiento se implique en la protección de las lonjas de Santiago de la Ribera y colabore en un proyecto de conservación de un Bien de Interés Cultural (BIC).
«Costas ha consentido otro tipo de actuaciones urbanísticas en el municipio que dejan mucho que desear con respecto a la protección del interés público en cuanto a la protección del entorno de nuestras playas en La Manga, frentes marítimos alicatados hasta el techo, recientes deslindes, etcétera», destaca Espeso.
La portavoz independiente recuerda que Costas protegió el antiguo Miramar, «un edificio al borde del agua, a escasos 50 metros del que ahora quieren demoler». Algunos vecinos denunciaron ayer el estado de abandono de dicho inmueble, cuya valla se encuentra destruida, con el consiguiente peligro para los menores que acuden a la escuela de piragüismo, además de haberse convertido en lugar de 'botelleo'.
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